Alcances sobre la reforma del sistema tributario de Chile.Hernán Frigolett Rodríguez.Economista. Director Instituto Jorge Ahumada.

Sin lugar a dudas que el fundamento principal y más importante para que los sectores progresistas del país estén demandando un cambio sustantivo del actual sistema tributario es la mala distribución del ingreso. Esta ha persistido en el tiempo, no obstante el crecimiento que ha tenido la economía en las dos últimas décadas.

Al respecto, las cifras de la Casen son bastante decidoras; sus resultados muestran que en el año 2009, el ingreso autónomo per cápita del decil más rico de la población supera en 46 veces al más pobre. Esto significa que una persona del decil más rico tiene un ingreso anual equivalente a 46 años de ingreso del más pobre. El ingreso autónomo corresponde al que cada familia obtiene directamente de su participación en el mercado, derivado del trabajo personal y de la posesión de factores productivos.

Los esfuerzos distributivos que realiza el gobierno, captando con la tributación parte de los ingresos generados en el año, para atender a los sectores más pobres han paliado un tanto la mala distribución, disminuyendo la relación entre los ingresos per cápita de los deciles más rico y el más pobre a 26.1 veces, lo que a todas luces sigue siendo insuficiente.

Por otra parte, pese al avance que se ha logrado en la erradicación de la pobreza, ésta todavía afecta al 15,1% de la población y un 3.7% se encuentra en la indigencia, lo que se traduce en que todavía hay 2.508.880 personas que viven en la pobreza y de éstas, 620.387 están en la indigencia. Los gobiernos de la Concertación lograron disminuir la proporción de pobres e indigentes desde el 38,6% y el 13,0%, respectivamente, registrada en 1990.

El cuadro anterior se agrava más cuando se incorporan las inequidades de la oferta de los servicios de educación, salud y del sistema de pensiones las que, al unirse con la mala distribución del ingreso, se convierten en el condimento para el descontento y efervescencia que están afectando la paz social del país.

Una de las principales causas de la mala distribución del ingreso es el bajo nivel de los salarios en relación al de las utilidades, lo que redunda en una pésima distribución del ingreso primario generado en las empresas. Esto se corregirá en la medida que se logren avances de importancia en el grado de sindicalización del mercado laboral, el cual es muy insuficiente ya que sólo representa alrededor de un 12% del total de los asalariados del país.

Dada esa circunstancia, mientras se diseñen y apliquen políticas en pro del mejoramiento del grado de sindicalización, la única posibilidad para mejorar la distribución del ingreso queda entregada a la acción gubernamental. Ésta debe orientarse a aumentar la captación de los excedentes de los sectores más ricos de la población para transferirlo a los sectores más desposeídos y también para mejorar la prestación de servicios públicos, especialmente los de educación y salud, así como para constituir un desestímulo para aquellas actividades o consumos que deterioren el medio ambiente.

De esa forma, se estará velando para que se cumpla una de las funciones fundamentales del Estado moderno: formular y aplicar políticas económicas y sociales que garanticen que la población del país vaya renovándose cada vez en mejores condiciones de igualdad, con mayor nivel cultural y de calificación, de salud personal y de mejoramiento y preservación del medio ambiente, que son los principales fundamentos sobre los que debe descansar la paz social.

Todo lo anterior señala el imperativo de una reforma tributaria integral, que no sólo aumente la recaudación sino que elimine del actual sistema los defectos que le han ido dando un carácter cada vez más regresivo, mediante la creación de mecanismos de elusión que han ido incrementando el llamado gasto tributario (monto que deja de percibir el fisco debido a que los contribuyentes utilizan mecanismos legales para reducir su base de tributación). Es así como mientras que el ingreso que obtienen las personas por concepto de remuneración a su trabajo tributa sobre el total devengado en el año, la tributación sobre la utilidad recae sólo sobre la efectivamente retirada y no sobre la total, quedando el resto de las utilidades conformando fondos para inversión y la tributación correspondiente diferida (FUT; APV). Por otra parte, los inversionistas inmobiliarios en bienes raíces DFL2 no tributan sobre las rentas que perciben por su arrendamiento, (se refiere al stock de bienes raíces anterior a la ley de financiamiento de la reconstrucción que limita el beneficio a 2 propiedades) y una serie de actividades productivas no tributan sobre las utilidades efectivas sino que pueden acogerse a un régimen de renta presunta de derecho, es decir, que no admite prueba en contario. Asimismo, hay actividades privadas que están exentas del IVA. Estos y otros “escapes legales” hacen que el actual sistema carezca de equidad horizontal y vertical.

En síntesis, una reforma del sistema tributario debe ser tal que permita aumentar la recaudación para financiar la acción del Gobierno en la reducción de la brecha de la desigualdad, por lo cual debe concentrarse en la tributación directa; en la reestructuración del sistema educacional del país, mejorando su calidad y cobertura; para establecer un sistema de salud y de previsión social más solidario y para crear las condiciones que permitan alcanzar un desarrollo económico y social sustentable en el futuro.