Nueve meses. Eugenio Tironi

Un joven economista que respalda al Gobierno me decía hace unos días con un dejo de resignación: "Éste es finalmente un gobierno como todos: ha pasado un año y no se notan logros que hagan realmente la diferencia". Desde dentro debe sonar injusto; pero desde fuera es totalmente real. En una campaña reñida está permitido prometer, aun si no se está seguro de poder cumplir. Es lo que hizo Sebastián Piñera, quien presentó su llegada a La Moneda como la inauguración de una nueva época para Chile. No merece condena por esto, pero debió poner freno a las expectativas de campaña una vez ungido Presidente. No lo hizo. En vez de atemperar las ilusiones, lo que ha hecho es excitarlas. Siguió insistiendo en que, con coraje, inteligencia y ejecutivos competentes, se podía dar un salto sideral en lo que hace el Estado en educación, salud, vivienda, combate a la delincuencia y lo que le venga por delante. Este salto no se ha producido. Y no se podía producir.

Una cuota de voluntarismo es saludable. La Concertación se extravió porque fue devorada por la resignación. Pero todo tiene su tiempo. Como el embarazo: éste dura nueve meses. Si la clínica es privada o pública, si la tecnología es nueva o antigua, si los médicos tienen premio por desempeño o por antigüedad, no importa mucho: nada de esto acorta los embarazos. Es igual con las políticas públicas en democracia. Los cambios no se pueden acelerar a voluntad, por buenas que sean las intenciones ni por eficientes que sean las técnicas de gestión importadas desde la empresa privada.

No se debe pasar por alto que el Estado y la empresa son instituciones de naturaleza diferente. El éxito de la empresa se mide por su rentabilidad económica; el del Estado se mide sólo por la satisfacción de la ciudadanía. La empresa satisface necesidades inmediatas; el Estado está obligado muchas veces a posponerlas, pues está encargado de velar por el futuro. La empresa tiene un gobierno corporativo que mantiene a los accionistas fuera de sus decisiones operacionales; en el Estado, los accionistas son harto más numerosos (todos los chilenos), están en estado de asamblea permanente, para intervenir ante cualquier situación que pueda parecerles perjudicial, y cuentan además con instrumentos para entremeterse en la gestión: están los parlamentarios, que son pagados para representar a los accionistas, o tienen la calle, desde donde impusieron su opinión en casos como Barrancones y Magallanes.

A todo esto hay que sumar otro factor: la relación que tienen los empleados públicos con su empleador (el Estado) es esencialmente diferente de la que tienen los empleados con las empresas privadas. En ésta ellos aceptan la premisa de que el empleador es soberano en sus decisiones. En el Estado no es así. Aquí los empleados se sienten tan responsables ante los usuarios y el país de la marcha de la institución en la que trabajan como los gobernantes; de hecho, estaban antes de que ellos llegaran, y permanecerán en ellas después de que éstos se vayan. Sienten, por ende, que deben ser tomados en cuenta en las decisiones; de lo contrario les harán la guerra, por positivas que ellas sean. Creer que en esto hay sólo "defensa de intereses corporativos" es una simplificación. Lo que hay es un tipo de relación contractual diferente de la del mundo privado, con un peso muy superior de los factores no económicos.

Ha pasado un año. Este gobierno no ha sido una calamidad, pero tampoco ha sido lo mejor después de la invención de la penicilina. Es un gobierno correcto, que aprende, que va de menos a más. Hará mucho menos que lo que prometió, pero será una buena experiencia para el país. Al menos, nadie olvidará otra vez que el embarazo toma nueve meses.