Lo que nunca podremos olvidar .Pamela Pereira.

En su columna habitual, don Gonzalo Vial nuevamente se refiere a los detenidos desaparecidos, y esta vez nos reprocha a quienes somos las familiares de las víctimas, y a sus compañeros de militancia, haber optado por el camino de los tribunales de justicia, “como método de búsqueda de los restos ocultados”.

Un poquito de historia. Cuando agentes de la Dina, CNI, militares o policías detuvieron o, mejor dicho, secuestraron a sus víctimas, salvo excepciones en que las asesinaron de inmediato, en todos los casos las trasladaron hasta recintos secretos. Allí ellos padecieron, y Ud. lo sabe, don Gonzalo, métodos de tortura que nunca en la historia patria de este país se habían conocido.
Durante todos los años de la dictadura, no sólo en forma sistemática se implementaron las políticas represivas, sino también las informativas de negación de los hechos. Esto último provocó que, hasta el advenimiento de la democracia, muchos genuinamente creyeran que alguna posibilidad existía de encontrar a sus familiares. Y sólo cuando don Patricio Aylwin le habló al país dando a conocer el Informe Rettig, se plantearon que enfrentaban una realidad sin retorno.

En el contexto aún de la dictadura vigente, la Iglesia Católica, a través de la Vicaría de la Solidaridad, canalizó la búsqueda de las víctimas a través de la vía judicial, criterio que comparto y agradezco. Este esfuerzo judicial de ayer —y también el de hoy— ha permitido reunir mucha información.

Ya en democracia, habiendo ocurrido un sinfín de ires y venires que omito, paso a referirme a la Mesa de Diálogo, toda vez que me interesa precisar algunas cuestiones que en un sentido son historia y, en otro, realidad vigente.

En esta instancia, los militares también aceptaron que la vía judicial era el mecanismo adecuado para resolver los problemas de derechos humanos que por entonces dividían profundamente a nuestra sociedad y que tenían a las FF.AA. por el suelo en la consideración ciudadana. Por ese tiempo, ellos creían en la posibilidad de un arreglo político o como quiera que se le llame, y en ese espacio de debate comprendieron que no era posible.

Se comprometieron a reunir información y entregarla. Posteriormente, le hicieron llegar un informe al Presidente Lagos dando cuenta de la suerte de un par de centenares de detenidos desaparecidos. Al informe en cuestión se le pueden reprochar muchos errores, pero fue el mecanismo usado para dar a conocer una verdad oculta: los detenidos desaparecidos, cuya detención y muerte no era asumida por las FF.AA. en forma clara y nítida, de un modo criollo —o sea, decir sin decirlo— se reconoció que las víctimas eran tales y qué suerte habían corrido. En esos casos, y no sé en cuántos más, fueron lanzados al mar. Después de esto vino la decisión de nombrar los jueces especiales, se reabrieron muchísimas causas y se ha esclarecido un número importante de casos. Además se han dictado sentencias condenatorias para los hechores de muchos de estos crímenes, que por su naturaleza constituyen crímenes de lesa humanidad en el mundo entero.

La legitimidad de, por la vía judicial, buscar a las víctimas y sancionar a los culpables de estos horrorosos hechos arranca de la nobleza de no dar espacio a la venganza, de no hacer justicia de propia mano. De actuar de un modo civilizado, a pesar de los padecimientos.

Si no recuerdo mal, Ud., don Gonzalo, propuso en la Mesa de Diálogo un mecanismo de incentivos para conocer la verdad; rectifíqueme si mi memoria está equivocada: pagar por información entregada a los jueces. Yo fui la única que levantó la mano para decir que me parecía interesante explorar esa idea… las FF.AA. se opusieron de inmediato. La propuesta no sólo era audaz, sino probablemente eficiente, pero para algunos de los presentes sobrepasaba los límites de la ética.

Verdad y justicia son dos palabras claves para entender cómo resolver este problema, que ahí está, que a veces parece olvidado, que otros quisieran olvidar y que otros simplemente nunca podremos olvidar, aunque desarrollemos nuestras vidas con bastante normalidad.

Pamela Pereira Fernández
Abogada
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