...CORRUPCIÓN: ¿CÓMO CAMBIAR,DÓNDE CAMBIAR?...M. VERDUGO...

A propósito del torrente de denuncias sobre malversación de fondos, robos, fraude, engaño a la fe publica conocidos en los últimos años, pero multiplicados como por prodigio desde los procesos eleccionarios de 2005, tanto parlamentarias como presidencial, se conocen múltiples iniciativas ya sea del gobierno, de partidos de la Concertación como de la opositora Alianza.
Sin embargo esta “lluvia de ideas” o brainstorm, en forma evidente no apunta a una solución real. Parece que la imaginación, el esfuerzo intelectual, el amor al país y a la sociedad que le dejaremos a las futuras generaciones no alcanzan. Al contrario, las propuestas se quedan en lo pedestre, en el lugar común, en la solución fácil, en ocasiones se apoyan en la estupidez.
Tal como quienes analizan en forma simplista la delincuencia bajo el paraguas de una “paranoia urbana”, proponiendo más policías, más cárceles, más represión, en el campo del virus de la corrupción se propone castigo, controles, contralorías, pero nada que vaya al fondo del problema.
Es la mente del chileno, el espíritu, su alma la que debe ser revisada. Ya lo dijimos anteriormente. Lentamente los chilenos, todos, de derecha, izquierda y de centro, fuimos corriendo el cerco de la tolerancia con lo indebido, con lo prohibido, con lo estéticamente feo. Se fue haciendo soportable “invertir” para ganar una elección interna; se hizo necesario pagar sobresueldos porque el Estado y los partidos de la Concertación fueron incapaces de reconocer la necesidad de ajustar las remuneraciones de profesionales de alta calidad a lo debido; se hizo lógico disfrazar gastos porque no se quiso reconocer que es natural “celebrar” el aniversario del servicio o ministerio como lo hacen todas las empresas en el mundo.
La “modernización del estado” efectuada tras la detonación del caso Mop Gate no sólo se hizo a la rápida, sino que se hizo para congraciarse con la derecha, que en este caso llevó adelante el papel de “salvador”, de “generoso”. Se establecieron mecanismos de compra venta, de acceso a cargos, de incentivos, que, mirados fríamente, son sólo instrumentos fáciles de ser burlados y eludidos. De hecho, en las últimas denuncias aparecen dos casos ejemplificadores. Gastos de una celebración que seguramente corresponde a un fin de año o aniversario del servicio o ministerio que deben ser “disfrazados” porque el Estado no paga, ni entiende, que sus trabajadores quieran reunirse en un ambiente amistoso en alguna celebración específica. Los PMG, chino para la mayoría de los chilenos, incluidos los perspicaces periodistas, son instrumentos definidos como Programa de Mejoramiento de la Gestión. Cada ministerio o servicio debe definir año a año las metas de gestión, así como sus ponderadores e instrumentos de prueba para acceder, cada tres meses, a un bono de “modernización del estado”, sustancioso, jugoso y muy ansiado.
El cándido Andrés Farías confeccionó el listado de diputados del PPD como posibles receptores de un apoyo monetario a instancias de su jefe, el director de Chile Deportes Metropolitano, Orlando Morales. La explicación fue que había que “cumplir un PMG”. ¿Cuántos PMG son elaborados, y entregados a los organismos fiscalizadores como metas que, en realidad forman parte del “paisaje” de actividades del servicio o ministerio?
Instrumentos falsos, mentirosos, como los PMG. Estupidez del Estado al no reconocer actividades normales como efectuar una convivencia de fin de año. Estupidez del Estado al no reconocer que debe promocionar sus iniciativas, los beneficios acordados en pro de niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, ancianos.
Reconocer el desvío de dineros públicos a campañas políticas fue la guinda de la torta. El cerco se corrió demasiado. Se acercó al precipicio. Ha llegado el momento de no sólo denunciar, de velar porque una muy cuestionada justicia actúe con rapidez y eficiencia, sino, principalmente, de elaborar propuestas grandes, relevantes, sanadoras.
El parlamento acaba de aprobar sanciones para los trabajadores del Estado a honorarios, que incurran en acciones que graven o afecten a los recursos de todos los chilenos. ¡Pobres trabajadores del Estado! No sólo están en la mira pública. No sólo están mal pagados, sino que ahora tendrán la amenaza del garrote, de la cárcel, del escrutinio permanente y siempre sospechoso de la gente. Pero ¿y su realidad? ¿Cuál es? La mitad de los trabajadores del estado se encuentran bajo el régimen “a contrata” u honorarios. ¿Qué significa esto? Que de un día para otro pueden ser despedidos sin derecho a pataleo ni, por supuesto, a indemnización por años de servicios o acceso a seguro de cesantía. ¿Con qué moral el gobierno y la Concertación demandan del mundo privado seguridades para sus trabajadores si no se actúa con la misma medida con sus trabajadores?
Persistir en la estupidez
¿Qué hemos conocido como iniciativas en los últimos días? Más de lo mismo. Más de acciones apresuradas. Más de represión. Más de querer aparecer como inmaculados, impolutos, promoviendo concursos, controles sin llegar a la raíz del problema.
Fortalecer a la Contraloría General de la república, modificar la ley de financiamiento de partidos políticos, concursar cargos de dirección de servicios. Pero ¿para qué? Para mantener durante meses y meses los cargos vacantes porque los postulantes no llenan los “requisitos” de confianza política de las autoridades. Para entregar recursos y facultades a un organismo contralor que mantiene una organización anquilosada, lenta, engorrosa, turbia.
No hay en los planteamientos tanto del gobierno como de la Concertación, ni de la Alianza una propuesta seria, refundacional, futurista.
Pareciera que hay un agotamiento mental, que obliga a lo obvio o a lo estúpido. A esta situación, quienes aspiramos a una sociedad, un país, un mundo más decente debemos responder con pro actividad, con creatividad, con audacia, con verdad.
Prevención y lucha
La corrupción, que necesitó de una frontera que cada vez se corría más, así como de un mundo privado dispuesto a entrar en colusión, requiere de un plan nacional que busque primero la prevención y, luego la lucha contra sus más mínimas expresiones.
El enriquecimiento ilícito que proviene de la corrupción, es decir de un fenómeno político, social y económico que se logra usando recursos del estado es un fenómeno que debe ser abordado desde todas las variables que influyen en ella. Desde el Estado (ejecutivo, legislativo, judicial) hasta la familia, la educación, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los empresarios y las organizaciones religiosas. La enumeración no es taxativa.
¿Qué se requiere para combatir realmente la corrupción? Primero una decisión que cruce todos los segmentos de la sociedad incluidos los adversarios políticos, que considere la elaboración de políticas institucionales, planes educativos, cambios radicales en la estructura del Estado y en la estructura de los partidos políticos, así como en su soporte económico, permisividad del “lobby” y relaciones internacionales.
Este fenómeno demanda también de la creación de un organismo especialista en su combate. Con facultades para actuar, investigar y castigar tanto en el sector público como privado. Este organismo no sólo debe contar con una institucionalidad transparente y fuerte, con recursos económicos y técnicos, sino que también debe elaborar políticas de prevención, con mecanismos de medición de impacto.
Nada de esto será suficiente sino se elaboran desde la perspectiva de una nueva Carta Magna, elaborada desde los principios de la democracia, participación responsable, justicia, libertad y equilibrio entre los poderes del estado.
Myriam Verdugo